La Procuraduría General de la Nación, oficialmente, absolvió de cargos a María Mercedes Perry Ferreira, quien era la gerente liquidadora de la Dirección Nacional del Estupefacientes (DNE), acusada por presuntos hechos irregulares en la entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la exfuncionaria, su dilación y omisión corresponde a que el software con el que laboraba no funcionaba, lo que hizo generar incertidumbre sobre la existencia de algunos de los predios incautados.
Según el Ministerio Público, los hechos se presentaron durante el 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Para esa entonces, María Mercedes Perry se comprometió con la gerente liquidadora estatal Fiduprevisora S.A a entregar los bienes del extinto DNE a la SAE. Estas funciones se adelantaron a través del software Faro, el cual fue reemplazado por Matrix. Es aquí donde empezaron los inconvenientes, pues la funcionaria empezó a dilatarse en el proceso, porque el programa no funcionaba.
Aunque inicialmente el ente público aseguró que la presunta irregularidad podía ser considerada como una falta disciplinaria objeto de investigación, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 absolvió a Perry de toda responsabilidad disciplinaria al no encontrar probado el cargo por el que fue acusada en el proceso que se adelantaba.
María Mercedes Perry, una de las liquidadoras más renombradas del país
La exfuncionaria ha liderado los procesos de liquidación de varias compañías públicas y privadas de mucho renombre, por ejemplo: la Cooperativa Financiera Solidarios, Seguros Atlas, Caja Agraria, Banco Cafetero, Proyectar Valores, DMG Holding y la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Esta última entidad es la que más problemas le ha traído, pues en el proceso han resultado implicados muchos otros funcionarios, tales como los exdirectores Omar Figueroa y Carlos Albornoz; el exfiscal antimafia y exagente liquidador Camilo Bula; los exfuncionarios Jairo Coral, Manuel Ospino y Javier Mantilla, entre otros. En el proceso judicial, se estima que la liquidación ha dejado un detrimento por encima de los 20 mil millones de pesos.
El software dañado
El sistema de información Faro era un programa en el que se efectuaba todo el proceso de la recuperación de los bienes liquidados. María Mercedes Perry aseguró que cuando comenzó con el proceso tuvo que dedicarse a reconstruir los inventarios, pues al momento de asumir la labor no había información disponible.
En un informe que le presentó a las autoridades, Perry aseguró que aunque se sabía que existía un proceso en la incautación de bienes, no se tenía el detalle de las condiciones jurídicas de los mismos:
“No sabíamos si estaba incautado o en extinción de dominio, si se encontraba ocupado o arrendado, ni el canon de arrendamiento, ni los gastos de administración, ni las fechas de la diligencia de secuestro, ni qué autoridad lo había puesto a disposición (…) se creó un aplicativo informático denominado, Matrix, que fue un nuevo sistema de información que, además de contar con todas las garantías de seguridad e inviolabilidad informática, se ajustó a las necesidades de administración de esta naturaleza de bienes, incautados y con extinción de dominio, por cada una de las tipologías desde el punto de vista administrativo, financiero y jurídico”.
