La denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios para el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) recayó en el juzgado del candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema, Ariel Lijo.
La presentación, formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, fue sorteada este lunes y quedó registrada con el número 2098/2024.
La carátula de la causa es, por ahora, “averiguación de delito”.
La fiscalía que está trabajando con el juzgado de Lijo durante 2024 es la de Ramiro González.
La denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI.
El Gobierno denunció a De la Torre ante la Oficina Anticorrupción
Luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidiera echar a Pablo de la Torre, el gobierno de Javier Milei dio un paso más allá y denunció el pasado 31 de mayo al funcionario ante la Oficina Anticorrupción con el objetivo de que se investigue el accionar de quien ejercía hasta este jueves como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. En un principio se pensó que su desplazamiento había tenido que ver únicamente con la polémica alrededor de la entrega de alimentos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que su salida podría haberse debido a posibles desmanejos de contratos.
Según pudo saber elDiarioAR, De la Torre fue el responsable de refrendar el convenio que mantiene la cartera que conduce Pettovello con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI) con el fin de que sea esta institución, y no el Estado, la que contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios. La revalidación de ese mecanismo estuvo a cargo del ahora exsecretario, quien a fines de abril selló con la OEI un desembolso de $645 millones, que se sumó a los $395 millones que ya habían sido girados en enero, según información publicada por el diario La Nación.
A pesar de que el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo, como es el firmado con la OEI, la sospecha que recae sobre De la Torre es que a través de ese artilugio habría contratado a decenas de trabajadores del propio ministerio, algo muy alejado de la idea original de emplear a profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo, educación o cultura, áreas a las que se dedica la cartera que comanda Pettovello.
A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite. Un complejo combo que motivó a la titular de la cartera a denunciarlo en la OA para que se siga de cerca el accionar de quien fuera uno de sus principales secretarios. En esa línea, el Gobierno también optó por “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.
El pasado viernes y este domingo, Milei respaldó a su ministra, a la que en más de una oportunidad calificó como “la número uno”. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que el Presidente “expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”, y admitió que De la Torre tuvo problemas en la gestión y fue el responsable de la limitación en la información sobre el tema de alimentos.
“Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo”, expresó el portavoz, y concluyó: “Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo”.
Por su parte, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, presentó el viernes pasado un pedido de informes para que la ministra Pettovello rinda cuentas acerca de la polémica. La dirigente del sector de Evolución Radical le atribuyó al Gobierno “insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables”.
Además, Carrizo pidió que la respuesta del Gobierno no se detenga en la desvinculación del ahora exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre sino que sea más profunda. “Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta”, aseguró la legisladora. Y agregó: “Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos”.
Con información de agencias.
IG
Fuente: Diario Ar
