En medio de las negociaciones con los gobernadores de cara a la firma del Pacto del 25 de Mayo, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con las provincias. Sucede que CAMMESA, la empresa mayorista de energía, ya adelantó que comenzará a enviar cartas a las gobernaciones y a las cooperativas provinciales reclamando el pago de importes adeudados. A esto le sumará el envío de las facturas de servicios de febrero que reportan aumentos de hasta 150%.
Cuando Sergio Massa estuvo como ministro de Economía quiso incluir en el proyecto de presupuesto de 2023 un artículo que obligaba a las provincias a regularizar las deudas con CAMMESA bajo la amenaza de descontar de otras partidas los importes adeudados. La iniciativa no prosperó porque los diputados, en ese momento, entendieron que las gobernaciones no podían hacerse cargo de los desmanejos de las cooperativas y la discusión se diluyó en la política.
Suba del 150%
Pero a las deudas que las empresas provinciales y cooperativas de energía mantienen con la mayorista se sumó un alza del 150%. En el caso de la empresa de energía de Formosa, en el período del 1 al 30 de noviembre, CAMMESA le facturó un total de $ 1.516.566.038, con un subsidio de $ 1.524.612.508. Sumando otros cargos, la factura no llegaba a los $ 2.000 millones.
En el mes de febrero, la factura de la empresa, con un pequeño crecimiento de la demanda, se fue a $ 4.622.649.330, que con otros ítems se elevó el total a $ 5.711.521.261, todo con un subsidio de $ 4.211.374.450, que es para los sectores residenciales de bajos ingresos.
Misma situación se presentó en otras provincias. En este sentido, el senador de Chubut Carlos Linares publicó el caso de la distribuidora de Comodoro Rivadavia, que en enero recibió una factura por un total de $ 700.039.137 mientras que la factura de febrero sufrió una fuerte suba y llegó a $ 1.765.236.775.
En la zona patagónica tiene un alto impacto y de acuerdo a lo apuntado por Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut, se estima que las categorías más bajas, aquellos usuarios que pagan los importes menores, pasarán a abonar un promedio que oscilará entre los $ 30.000 y $ 40.000.
En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz ordenó suspender por 120 días la actualización tarifaria del servicio de electricidad, que había sido aprobada el 31 de enero. La movida puede mover el tablero y generar un precedente en el marco de un proceso de normalización de las deudas que las distribuidoras de electricidad de todo el país mantienen con CAMMESA.
Este nuevo conflicto se suma a otros abiertos con las gobernaciones por fondos millonarios, como los que aportaba Nación para los salarios docentes, o los vinculados al transporte. Y sigue en duda qué ocurrirá con la plata que la Casa Rosada enviaba a cajas jubilatorias de 13 provincias.
Luego de que un decreto informara que se cortarían esos envíos mensuales, desde el Gobierno salieron a aclarar que los fondos estarán, pero luego de auditarlos en ANSES. Los mandatarios de esos distritos, de todos modos, siguen en guardia e incluso amenazan con ir a la Corte Suprema en caso de que supriman.
