El gobernador Raúl Jalil recibió a los miembros de la Corte de Justicia en Casa de Gobierno junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, para hacer entrega del Convenio que establece la entrega en comodato de un inmueble para la creación de nuevas oficinas del Poder Judicial. Esta decisión había sido dialogada previamente con el Poder Judicial para poder avanzar hacia una mejor disposición de las dependencias y estamentos en el marco del ejido urbano de la Capital.
El objetivo es que el Poder Judicial pueda contar con un espacio adecuado para centralizar trámites y administración de manera que se pueda agilizar más el servicio de justicia a la ciudadanía, de acuerdo con las demandas actuales. La firma de este convenio significará avances tecnológicos y un cambio de paradigma que dará soluciones conjuntas a las demandas del Poder Judicial en Catamarca.
El Frente de Trabajadores Estatales está motorizando una campaña de recolección de firmas para elevar una nota al gobernador Raúl Jalil en la que pedirán un incremento salarial del 30,2% de los haberes, más el blanqueo de los bonos y un porcentaje que consideran adeudado de diferencias en la base de cálculo tomada para la actualización paritaria entre mayo del 2022 y septiembre pasado.El frente gremial que encabezan APOC, Autoconvocados de Salud, No docentes, IPV, entre otros, hizo circular planillas para que los empleados públicos acompañen con su firma el pedido de recomposición salarial del 30,2% sobre el haber bruto a partir de agosto “con el fin de recuperar el poder adquisitivo”. A ese planteo se suma el blanqueo de los bonos que otorgó el Ejecutivo, la implementación de la cláusula gatillo y además un 26,2% que, aseguran, quedó adeudado por diferencias entre la base de cálculo que el Gobierno utiliza en la pauta salarial.El objetivo es superar las 5.000 firmas, ya que aseguran que de esa manera “el Gobierno nos tendrá que recibir”.Días pasados, el referente de APOC, Mauricio Hezze, pidió por una “recomposición salarial digna y acorde a la inflación” y aseguró que esto depende de “una decisión política del gobernador Raúl Jalil”. “El Gobierno ha priorizado otras obras. Todo sería más fácil si hubiese una vocación de diálogo”, cuestionó Hezze.En esa línea, aseguró que los empleados públicos “tomaron mayor conciencia de lo que estaba sucediendo con su salario”. “Si el Poder Ejecutivo sigue con este tipo de políticas, seguiremos haciendo lo que corresponda hacer. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo el poder adquisitivo de todos es pisoteado por la inflación. Es una lucha que sería innecesaria si el Poder Ejecutivo tuviera más razonabilidad”, sostuvo el gremialista, al asegurar que “la única recomposición salarial que hubo hasta el momento es del 68% en el año y la inflación acumulada hasta septiembre de 2023 fue del 103%”. “La inflación le ganó en un 35% al salario de todos los trabajadores públicos, salvo los docentes, quienes tuvieron una recomposición salarial del 133%”, explicó.Según sus cálculos, hoy los empleados públicos deberían cobrar “el doble de lo que están cobrando”.En septiembre, el Gobierno otorgó un aumento del 20% y la semana pasada anunció la extensión del bono que concluía en octubre y se pagará hasta diciembre, con un aumento de $5.000. Sumado a los $20.000 acordados con los gremios en julio pasado, hasta diciembre recibirán $45.000 en concepto de bonos. El diálogo salarial retoma el próximo 21 de noviembre.